La conducción del proceso de descentralización se debe encargar a un Organismo Intergubernamental de Descentralización, con poder y autonomía de decisión suficientes, que reporte directamente a la Presidencia de la República.

En este marco, se deberá poner en funcionamiento el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI) como instancia consultiva del referido Organismo  Intergubernamental de Descentralización (OID).

Es imprescindible fortalecer el capital representado por los funcionarios y servidores públicos. Para ello, es impostergable emprender la reforma del sistema de gestión de recursos humanos del sector público.

La asignación y distribución de los recursos públicos, debe responder crecientemente con las responsabilidades relativas de gasto, correspondientes a las competencias de los niveles de gobierno y de las entidades que los componen, además de promover el esfuerzo fiscal de cada una de éstas para recaudar el potencial de los ingresos tributarios.

El actual diseño de los sistemas administrativos nacionales que regulan el gasto público (presupuesto, inversión pública, contrataciones y adquisiciones y control gubernamental), dificulta la eficiencia del gasto de los gobiernos descentralizados. Demandamos que estos sistemas se reorienten de su enfoque actual de control de insumos y procedimientos hacia uno de gestión ágil y evaluación por resultados.

Para lograr los objetivos de inclusión priorizados por el nuevo gobierno, es necesario entre otros, fortalecer la gestión descentralizada y articulada de los programas sociales, mejorar sustantivamente la calidad de los servicios públicos de educación y salud e implementar políticas efectivas de desarrollo de capacidades  de las poblaciones más pobres y excluidas, para mejorar su acceso a los mercados.

Debe apoyarse e incentivarse todas las formas de cooperación y complementación entre niveles de gobierno y entre entidades de un mismo nivel para la implementación de políticas, ejecución de proyectos y/o prestación de servicios públicos.

Los grandes proyectos de inversión pública o privada que el nivel nacional prevea en los departamentos y municipios del país, deben ser planificados y consensuados con los gobiernos regionales y locales y la población de los ámbitos concernidos  en el marco de un sistema nacional de planeamiento. Dicho sistema deberá articularse con los planes de desarrollo concertado regional y local,  y respetará la competencia de ordenamiento territorial que corresponde al nivel regional.

Para lograr el éxito de la descentralización se requiere gobiernos regionales y locales fortalecidos desde su origen democrático, lo cual supone reformas en los sistemas político, electoral y de partidos políticos, que fortalezcan la representación  y rendición de cuentas de los representantes elegidos de los tres niveles de gobierno.